Ya hemos hablado aquí, hace un tiempo, de la imposición de impartir ‘Educación para la Ciudadanía’ en inglés en la Comunidad de Valencia por decisión propia de su presidente. Y dimos cuenta del despropósito de la medida y las posibles causas que la originaron: ninguna de tipo académico entre ellas. También os hablamos de las reacciones del profesorado, los responsables de los centros y la propia comunidad de padres, todos ellos unidos ante una fuerte sensación de impotencia, desamparo y desasosiego sin acabar de comprender cómo algo así puede ocurrir en el sistema educativo de un país.
Una materia obligatoria del currículo, cuestionada y denostada por el PP desde el mismo momento de su implantación por LOE, siguiendo las directrices de los diseños curriculares de la mayoría de los países europeos, llegó al esperpento de impartirse -por imposición autonómica- mediante el recurso a un traductor del profesor en el aula. Y los resultados del aprendizaje pusieron en evidencia la inutilidad de la medida y la pérdida de tiempo en el proceso educativo. Solo la presión en las calles y centros (manifestaciones masivas, una huelga general que vació las aulas el pasado 28 de abril, etc.) consiguió temporalmente una suspensión cautelar de la medida. Tan cautela fue que el Consell volvió a insistir en estos últimos días en su voluntad de aplicar de nuevo su absurda ocurrencia en el curso próximo.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la obligación de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés, así como la posibilidad de aprobarla con un trabajo trimestral y de no cursarla acogiéndose a la objeción de conciencia. El alto tribunal considera el decreto “nulo de pleno derecho” porque contradice la propia legislación autonómica sobre los programas de educación plurilingües, establecidos como “voluntarios”. El varapalo legal a Camps y su gabinete de Educación ha sido celebrado con júbilo por la comunidad educativa. Pero es dudoso que el presidente y los suyos aprendan las lecciones del triste episodio de la ‘Ciudadanía en inglés por imperativo legal’. ¿Podrán entender que las reglas de juego democrático y del Estado de derecho acaban atajando, tarde o temprano, los abusos sectarios y partidistas? Algo preocupante ocurre cuando una parte importante de una fuerza política se muestra convencida de que puede ejercer el poder sin atender, ya no a la prudencia, sino al sentido común más evidente. Desde aquí les recordamos que con el inglés no se juega.

No hace mucho se presentó una propuesta parlamentaria para que TVE emita en un canal en el futuro, para todo el Estado, programas en catalán, euskera y gallego. La cuestión ha levantado polémica con opiniones al respecto señalando que el proyecto no responde a la demanda o el interés de los ciudadanos telespectadores, sino a una reclamación más de los partidos nacionalistas, y especialmente del socio de Gobierno en Cataluña del Partido Socialista, ERC. También se afirma que en la actualidad, TVE ya ofrece contenidos en catalán, gallego y euskara pero, como es lógico, en las respectivas comunidades autónomas donde se hablan dichas lenguas.
Y no falta, entre los comentarios de los “versados” en materia de diversidad lingüística, quien añade: «Resulta más que cuestionable que ofrecer contenidos en catalán para los andaluces o en vasco para los extremeños, por poner dos ejemplos, sea prestar un servicio público. Además, el hecho de que TVE esté supuestamente liberada de buscar las máximas audiencias no puede degenerar en que se dedique a emitir contenidos dirigidos a quizá menos del uno por ciento de la población. ¿O es que los políticos de turno piensan que alguien se va a lanzar con fruición a aprender alguna de las lenguas autonómicas sólo para poder ver sus programas?».
Y tú, ¿qué opinas del tema? ¿Nos lo cuentas?

Un asiduo seguidor de este Punto de Observación nos escribe para que demos cuenta de un hecho que considera probado y tal así parece por las aportaciones que nos adjunta. Se trata de una granja-escuela en la provincia de Pontevedra en la que se prohíbe hablar gallego a sus trabajadores.
“El idioma empleado en el trabajo será el castellano, excepto excepciones que serán previamente comunicadas”. Así reza la última de las normas de un documento que se les entrega a todos los trabajadores al incorporarse a esta granja-escuela. Se trata de una obligación, dirigida expresamente al ‘personal educativo’ que forma de un conjunto de otras como “respetar el trabajo de los demás”, “cumplir los horarios” o “dejar el material de trabajo en orden”.
No es un caso aislado. Hay en esta Comunidad más casos similares de represión y acoso lingüístico en el ámbito laboral que fueron denunciados, a veces si éxito, como el de un trabajador que no fue seleccionado en una entrevista por hablar gallego (“E se se che escapa algo en galego?”, le dijeron), o el de una empleada de una gran plataforma comercial internacional en A Coruña a quien el encargado le recriminó su idioma diciendo: “Burra, non fales linguas menores“).
Claro que en el caso de la granja-escuela, la situación tiene, si cabe, más derivaciones, ya que los trabajadores están en contacto diario con niños y, según su propia web, se dedican a ampliar sus conocimiento; en este caso, sobre el valor del medio rural para conseguir el enriquecimiento personal de los pequeños. ¿Será ésta la nueva forma de hacerlo?

En mayo, el programa de maestros bilingües de la Amazonia Peruana (FORMABIAP) ha cumplido 21 años abriendo caminos hacia el derecho y la afirmación de la diversidad. Un programa que marcó un hito en lo que se refiere a la formación docente en Educación Intercultural Bilingüe puesto que, por primera vez, ésta fue concebida a partir de las iniciativas de las federaciones indígenas que formaron comités de educación para defender y exigir su derecho a una educación que respete su lengua y su cultura. Los méritos del FORMABIAP han sido reconocidos dentro y fuera del país, por ejemplo el 2003 recibió el premio Bartolomé de las Casas de España y el 2005 el Gran Premio Andrés Bello con la propuesta: “Formación de nuevas generaciones indígenas para el desarrollo local, basado en la herencia social de los pueblos indígenas amazónicos de conservación del medio socionatural del bosque amazónico.” Así pues, el FORMABIAP se ha convertido en emblemático para la EIB (Educación Intercultural Bilingüe) del Perú y de América y constituye una referencia obligada en todos los estudios de EIB.
Pero este no es un año de celebraciones para el FORMABIAP, sino de luchas, porque el desarrollo de la EIB se encuentra amenazado y porque los pueblos indígenas están, desde el nueve de abril, protestando contra la vulneración de sus derechos.
El Estado no tiene ninguna voluntad para solucionar el problema y más bien ha criminalizado la protesta y ha denunciado al presidente de AIDESEP y a otros dirigentes indígenas por los delitos de rebelión, sedición y conspiración contra el Estado peruano. AIDESEP lamenta y cuestiona esta actitud del Estado y en este marco FORMABIAP conmemoró su aniversario con un acto de Protesta Cultural el 24 de mayo y con varios plantones el 25 y una marcha hacia el local del Gobierno Regional donde entregaron un manifiesto a favor de la EIB.
Desde este Observatorio expresamos nuestra solidaridad con AIDESEP, nuestro repudio ante la denuncia presentada contra sus dirigentes, y nuestra adhesión a la condena expresada por el FORMABIAP.