Aunque tarde, no podíamos dejar de traerlo aquí. No para adherirnos, parece que sobran ya firmas cautivas, sino para trasladar nuestra reflexión abierta y crítica. A partir de su presentación pública, planteada como “una iniciativa que trata de defender el derecho individual y común a tener el castellano como lengua compartida”, se han sucedido en este país y en bastantes otros países reacciones muy diversas en un continuum que se mueve entre dos extremos: la adhesión inquebrantable y el rechazo total al texto. Este Manifiesto no es algo nuevo en España, aunque esta vez se politice mucho más. Es algo recurrente cono lo es la crispación del país, ahora por esto ahora por aquello. De vez en cuando le toca a las lenguas y a sus usuarios. Ya a finales de 1994, el mismo medio que ahora lo ha hecho se encargaba de airear, cargando tintas, las declaraciones del entonces director de la Real Academia Española, Fernando Lázaro Carreter, y su carta a Felipe González para solicitar de los poderes públicos la adopción de medidas que fomentasen en las Comunidades con lengua propia «un bilingüismo real sin diglosia», esto es, que evitasen que una de las dos lenguas se sitúe en una posición de privilegio. Carta a la que la ministra de Cultura, Carmen Alborch, respondía aplaudiendo que la Academia «valore la importancia del castellano, pero también la del plurilingüismo», al tiempo que añadía que «el castellano no tiene por qué sentirse amenazado».
Una vez más asistimos al trágico espectáculo, en el país donde las corridas de toros son fiesta nacional, de miles de ciudadanos que se despiertan y movilizan cuando se desentierra el hacha de guerra de las lenguas y sus culturas patrias: la España envidiada, desde fuera, por la riqueza patrimonial de su exquisita diversidad lingüística y cultural y empecinada, desde dentro, en dinamitar la construcción de su cohesión social (que no quiere decir ‘homogeneidad’) por justamente un valor -la pluralidad de lenguas y culturas- que se basa en el respeto a la diferencia y el fomento de la convivencia. Todo ello no tendría más importancia si de manera permanente, cuando las banderas del debate lingüístico se alzan, no surgiera siempre el riesgo de que esta agitación llegue a afectar a la convivencia.
La reflexión que hay que dar hacia dentro y hacia fuera ¿no debería ir en la dirección de qué aprecio hay realmente en España por una lengua común sin menospreciar el excluir las otras? No parece que muchos de los grupos que se han adherido de inmediato al Manifiesto, muy al margen de la intención de sus autores, tengan otro aprecio que no sea el derivado de un nacionalismo lingüístico tan extremado o más radical que el peor de los males que se achacan a los nacionalistas excluyentes de nuestras nacionalidades territoriales. No hay que olvidar que algunos intelectuales como Antonio Gamoneda y J. A. Marina se han desvinculado ya de sus respectivas iniciativas al considerar que está politizada y que su firma puede ser utilizada con determinados fines. En palabras de Gamoneda: “Dije y digo que el manifiesto era razonable. En su literalidad lo sigue siendo, pero ya no en sus potencias. Lo ha desconcertado la política enmascarada. Así que, Srs. ideólogos de El Mundo, su Manifiesto ha sufrido seria avería en sus propias manos. Lo siento, pero tengo que rectificar: NO. El manifiesto ya no es razonable“. En palabras de Marina: “Se ha convertido en un elemento más de la lucha partidista”. Marina teme que la iniciativa está condenada a “ser utilizada dentro de estrategias políticas con las que muchos firmantes no estarán de acuerdo”. Tarde, pero…
El hecho tan aireado por cierta prensa amarillista de que algunos académicos firmaron su adhesión a título personal llevaba al inocente lector a pensar que la RAE lo apoyaba. Nada más lejos. Su rápida reacción, igual que la de otras Academias de países latinoamericanos, le desmarca de un texto politizado con este comunicado (que no declaración; la RAE no puede hacerlas): “La Real Academia Española es una institución tricentenaria que ha trabajado y trabaja incansablemente por la unidad del español, su conocimiento, su uso correcto y su difusión. Manifiesta, por consiguiente, su extrañeza ante el hecho de que se pueda cuestionar esta labor o confundir sus funciones estatutarias”.
Como ha destacado Violeta Demonte, lingüista de indiscutible prestigio, “los cinco puntos/peticiones concretos del Manifiesto me parecen más una descripción de lo que hay -con alguna excepción digna de comentario, pero no propia de manifiesto- que una indicación de lo que debe haber”. Finalmente, nos preguntamos con J. C. Moreno (a cuyo último libro ya hemos dedicado nuestra atención en una reciente entrada) si este Manifiesto no es en realidad un buen ejemplo del nacionalismo lingüístico castellanista: “…se dice que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas”. Si esto es así, entonces no debería haberse dicho en el punto primero que el castellano goza del deber constitucional de ser conocido, porque las lenguas no gozan de derecho o deber alguno. Aquí se percibe de forma cristalina el nacionalismo lingüístico castellanista imperante en el manifiesto: sólo son las demás lenguas españolas las que carecen de derechos; el castellano tiene todos los derechos del mundo”.
En realidad, la argumentación del Manifiesto es deplorable. En el punto tercero se dice: “En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial. Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta”. Claro que cuando se trata de trabajar en las instituciones del Estado, aunque estas se encuentren ubicadas en una comunidad territorial, no se trata de “un deseo encomiable”, sino de “un imperativo legal”.
Pero veamos tamben sus ventajas: en este país nos hemos enterado que desde barrios, pueblos, supermercados, gasolineras, asociaciones de amas de casa, de guardias civiles, hasta formaciones políticas de muy diferentes colores (incluida Falange Auténtica, que difícilmente se recuerda), artistas y deportistas, y un largo e incontable etc., han sido capaces de decir: ¡Aquí estamos… dispuestos a hacer algo en el mundo de las lenguas y culturas de este país!
Que pena que estos miles de ciudadanos y decenas de organizaciones, tan fácil y cómodamente movilizados por el Manifiesto, no se levanten una mañana y piensen que, ya puestos a defender una lengua común, saquemos pancartas a favor del inglés que es la verdadera lengua común de todos los españoles desde la educación de los años noventa, que ahora se continúa en las universidades que también la utilizan como lengua única de referencia común para la docencia y la investigación. Que se lo pregunten a los cientos de miles de españoles que ahora mismo, un verano más, están pagando sin rechistar el peaje de la lengua-autopista común para no perder el tren de la modernidad. ¡Ahí no hay crisis!
