En anteriores entradas (Febrero, Junio y Julio) hemos ido dando cuenta del Indicador Europeo de competencia lingüística que medirá en 2009 el nivel idiomático de los jóvenes comunitarios de entre 14 y 16 años, al final de la enseñanza obligatoria, en las dos primeras lenguas extranjeras que hayan aprendido, en actividades de lectura, comprensión oral y escritura, de entre el inglés, francés, alemán, español e italiano.
Os informábamos que el OAL formó parte de un consorcio que entró en la licitación pública del contrato, compuesto por el IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements), líder del grupo, el DIPF (The German Institute for International Educational Research), ETS Europe (Educational Testing Service), el IQB (Institute for Educational Progress) de la Universidad Humboldt de Berlín, el Centro CILS (Università di Siena), el TestDaF Institute, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, y el OAL.
Nuestro consorcio quedó finalista, en la última vuelta, compitiendo con el consorcio SurveyLang, liderado por University of Cambridge ESOL Examinations e integrado además por: Centre Intenational d’Etudes Pedagogiques (CIEP), Gallup, Goethe-Institut, Instituto Cervantes, National Institute for Educational Measurement (Cito), Universidad de Salamanca, y la Università per Stranieri di Perugia.
En escrito oficial de 23 de septiembre 2007, firmado por Mr. Anders Hingel, Head of Unit en la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, se da cuenta del resultado final tras la valoración de evaluadores externos. Este es:
El consorcio del que formamos parte gana por goleada al otro competidor ‘en todos y cada uno‘ de los ‘criterios cualitativos’ relativos a: i) la relevancia y calidad de las propuestas metodológicas; ii) la calidad de los equipos consorciados; iii) la calidad de su conocimiento y experiencia en este tipo de acciones: un total de 66.9 puntos (de un máximo de 70) frente a tan solo 60.4 obtenidos por SurveyLang. El criterio ‘cuantitativo’, el precio, proporciona el máximo de 30 puntos a SurveyLang, con una propuesta económica más baja que la nuestra, que tan solo obtiene 17.4. El precio propuesto por nuestro consorcio se acercaba más a la cifra tope de 6.000.000 de euros del contrato, frente a los 5.783.500 euros ofertados por SurveyLang. Provisionalmente se resuelve la licitación a favor de SurveyLang al considerar e incluir en la suma total de puntos el criterio ‘cuantitativo’ del precio.
De forma inexplicable, la Dirección General de la Comisión Europea ha violado sus propios criterios tal como estableció el 7 de agosto en el pliego de condiciones del contrato: En su apartado 10, sobre los criterios de concesión del contrato, al final del punto 10.1 relativo a criterios cualitativos (70 puntos), se indica que: “Las ofertas que obtengan una puntuación total inferior a 65 puntos en los criterios cualitativos serán rechazadas”. Se trata de una salvaguarda, obligatoria en todos los contratos de este tipo, para evitar que cualquier propuesta “barata”, sin impacto de calidad, se pueda hacer con el contrato.
Los puntos totales de SurveyLang por los criterios cualitativos es de 60.4 y no alcanzan los 65 puntos necesarios para su consideración y serle de aplicación el criterio cuantitativo. Aún así, no rechazando la propuesta como en ley procede, se les aplica igualmente el criterio cuantitativo y se les otorga el contrato.
Planteado recurso de apelación por los abogados de nuestro consorcio en Bruselas, la concesión definitiva se detuvo durante meses, si bien finalmente y sin mediar explicación justificativa ajustada a derecho, se le ha adjudicado el contrato del Indicador a SurveyLang.
Felicitamos a nuestros competidores por su éxito al tiempo que expresamos ante la opinión pública, al margen de otras acciones de jurisprudencia, nuestra legítima condición de ganadores del contrato que se nos ha hurtado.
Quien tenga interés en el tema, podemos pasarle los documentos que prueban, con nítida transparencia, que lo que decimos responde a verdad legal.

Hace un año, a propuesta de la Consejería de Educación, el Parlamento vasco debatió la propuesta del cambio de ordenación de la enseñanza en modelos lingüísticos. Destacamos dos bases de la propuesta:

• La primera es que, al finalizar la enseñanza obligatoria, todos los alumnos y alumnas habrán de alcanzar, en euskera y en castellano, en pie de igualdad, la competencia de nivel avanzado. Se supera la menor exigencia en euskera de las leyes de Normalización del Euskera de 1982 y de la Escuela Pública Vasca de 1993, en las que sólo se exigía la competencia para la comunicación interpersonal, mientras que ahora se pretende que puedan utilizarlas ambas lenguas también en el aprendizaje y la cultura.
• La segunda es que, para dar respuesta a un alumnado diverso en origen, en lugar de distribuirlo por modelos, cada centro escolar defina su ‘proyecto lingüístico’, adecuado a las características del entorno y del alumnado para que todos alcancen el objetivo común y obligatorio.

La propuesta dibuja un nuevo panorama que hoy se ve lejano pero que responde al sentir profundo de la sociedad vasca. Sólo cuando este sueño alcance el impulso suficiente habrá una fuerza tractora que concite a todos los sectores implicados en convertirlo en realidad. Y para que ese impulso sea suficiente el plan que lo articule por fuerza ha de ser complejo, dadas las diferentes situaciones sociolingüísticas del alumnado y la diferente percepción del valor de las lenguas y la diversidad de los agentes responsables de que llegue a buen término.
Al igual que en otras comunidades bilingües del mundo, para que el euskera no se reduzca a ser una lengua escolar y ampliar los ámbitos de uso, además de los proyectos de normalización lingüística que llevan a cabo muchos centros, se precisa la implicación de otras instancias (administraciones, medios de comunicación, servicios públicos y servicios abiertos al público…) para que cada vez el uso del euskera esté más presente en la vida social y la cultura colectiva.
Por otra parte, un plan para estas finalidades no debiera centrarse sólo en el euskera, aunque se le deba prestar una especial atención. Hay unas competencias generales, como señala el MCERL, que se adquieren y desarrollan en todas las lenguas y es muy conveniente aprovechar las sinergias de las tres o cuatro lenguas que estudia el alumnado en beneficio de todas ellas, tal como se hace en los programas de enseñanza integrada de las lenguas que están experimentando algunos centros. Esperemos que la nueva regulación del sistema educativo vasco incorpore esta perspectiva.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas de algunas Comunidades ponen de manifiesto, tanto por parte de sus docentes cuanto de su alumnado, un creciente descontento con los niveles del MCERL que les permite impartir el R.D. 1629/2006 que fija los aspectos básicos de su currículo: Básico (A1 y A2), Intermedio (B.1.1 y B.1.2) y Avanzado (B.2.1 y B.2.2). Pero ¿es “Avanzado” un nivel B2? ¿desde cuándo?
Un Decreto que, desde su entrada en vigor, crea malestar porque los niveles C1 y C2 quedan fuera de la obligatoriedad de la oferta y se dejan, por tanto, en manos de las decisiones de cada Comunidad que, de manera no reglada, pueden arbitrar la forma en que puedan llegar a impartirse cuando así se decida. Y esta es la cuestión. Quienes han elevado su malestar a categoría de discrepancia manifiesta con el R.D, centran su argumento en que estos centros quedan ‘degradados’ con su adaptación al MCERL en relación a las competencias que hasta hora venían asumiendo en la certificación de competencias idiomáticas.
Por una parte, se alega que quienes ya poseen el Certificado de Aptitud ven ahora devaluado su título ya que hasta ahora éste era considerado el nivel más alto de competencia idiomática en el conjunto del Estado. Siéndolo ahora el nivel C1 y C2, y siendo considerados en este momento como mérito sobresaliente o imprescindible en algunas Administraciones de ciertas Comunidades y en ciertas empresas, ¿quién se beneficia al estar otorgando -al margen de las EOIs- la certificación de tales niveles? Indudablemente instituciones nacionales o empresas multinacionales que sin tener el reconocimiento legal que posen las EOIs, y con tarifas muy superiores a las tasas de éstas, se están aprovechando de esta situación. Así, en el concurso de oposiciones al Cuerpo de Profesores de EOI de la Comunidad de Madrid se concede medio punto a las titulaciones de las EE.OO.II. y dos puntos a las del Instituto Goethe, el British Council o la Alliance Française. Pero ¿en qué país vivimos?
Por otra parte, la situación se agrava en el caso del chino, el árabe y el japonés al no existir instituciones en España que certifiquen los niveles C, lo que obliga a un usuario que opte a uno de esos niveles en tales lenguas a ¿irse a examinar a otro país?
¿Y qué dice el MEC? Pues pone la pelota en el tejado de las Comunidades. Hacer reglados todos los niveles del MCERL, con la inclusión de los C, sería costoso e inconveniente pues en muchos centros no habría alumnos con esa demanda: argumento que justifica el contenido del R.D. Pero nada impide, sigue diciendo el MEC, que las Comunidades los organicen mediante cursos de actualización y especialización. Muy cierto. Pero ¿qué validez tendría esa certificación de los C ‘no reglados’ a nivel Estatal? Y sus niveles básicos… ¿serían a cada cuál los suyos, a su aire?
Que en España, país europeo que -de modo singular- cuenta con una red de centros oficiales de enseñanza y certificación de idiomas, no se pueda acreditar un dominio competencial de los niveles C de forma reglada en todo el Estado por la vía de sus EE.OO.II. y haya que recurrir en este momento a otra maneras de hacerlo, parece un total despropósito. Hay formas sencillas de solucionarlo y los portavoces de estas reivindicaciones no están pidiendo privilegios para sí mismos: están defendiendo una educación pública de calidad y competitiva en Europa.

Todo parece indicar que las niñas y niños gallegos se quedarán, lamentablemente, sin su apreciada ‘boneca galega’, la muñeca que agarimosamente les hable siempre en gallego aunque tenga la capacidad de entenderles en cualquier otra lengua en que a ella se dirijan.
En 2006 la formación nacionalista del BNG trasladó al gobierno bipartito su propuesta de apoyo institucional para lograr la comercialización de peponas y otros juguetes interactivos con artilugios digitales que les permitan ‘decir cosas en galego’. Desde la propia Secretaría Xeral de Política Lingüística se hicieron todos los esfuerzo posibles para lograr que firmas alicantinas especializadas en este tipo de juguetes comercializasen una muñeca que se expresase en la lengua de Galicia. No es una idea nueva. En realidad se tata de una versión galaica de la pepona Nines que habla catalán. Bueno, habla catalán y también castellano e inglés. Es una pepona con competencias plurilingües, respetuosa con las directrices de las instituciones europeas en materia idiomática. No es una muñeca monolingüe ya que pasa del ‘t’estime’ al ‘I love you’ con toda soltura. E incluso tiene una versión polaca que va tomando posiciones en el mercado del este de Europa.
Por lo que sabemos, la receptividad de la industria ha sido más bien fría respecto de esta opción gallega y no se muestran ilusionados con la empresa. En su día, ‘Nines Artesanals’ ya había advertido que para que una pepona parlante fuese rentable habría que vender 8.000 unidades en los 2 primeros años. Esto fue posible con la pepona que habla (además de castellano e inglés) la legua catalana. Se trata de un mercado de 12 millones de potenciales consumidores en las comunidades de Cataluña, Valencia, Baleares y en Andorra. La pepona galego-falante sólo tiene un mercado de 2,7 millones de potenciales compradores.
Nos tememos que los niños y niñas gallegas tendrán que contentarse o bien con una pepona plurilingüe (comercializable en otros mercados además del gallego) o con una pepona que ‘fale inglis pitinglis’ de las que encuentras en cualquier mercadillo asiático a precios ridículos.
Pero, ¿creen ustedes que hay derecho a esto?